La urgente despolitización de la seguridad pública

La seguridad pública en México ha sido un tema polémico y altamente politizado en los últimos años. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de las autoridades civiles, es decir, que debe ser manejada por un mando civil. Sin embargo, existe una discusión sobre si esta política ha sido efectiva en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.

Por un lado, hay quienes argumentan que la conducción de la seguridad nacional debe ser manejada por un mando militar para evitar posibles infiltraciones del narcotráfico en los mandos civiles de seguridad, como es actualmente la propuesta de la 4T. Este enfoque considera que las fuerzas armadas tienen una estructura jerárquica y disciplinada, lo que las hace más efectivas en la lucha contra el crimen organizado. Además, se argumenta que el uso de la fuerza militar puede ser necesario en casos extremos de violencia.

Sin embargo, otros argumentan que la militarización de la seguridad pública puede tener consecuencias negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles. Además, la intervención militar puede generar una dependencia de las fuerzas armadas en lugar de fortalecer las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública.

En este sentido, es importante respetar la autonomía del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La politización de la seguridad pública puede ser perjudicial y comprometer la independencia de las instituciones encargadas de mantener el orden y la justicia en el país. El poder judicial, por ejemplo, debe velar por la legalidad y no ser influenciado por intereses políticos.

Finalmente, es importante que los actores políticos dejen a un lado los intereses de partido y trabajen juntos para enfrentar el problema de la inseguridad y el narcotráfico en México. La solución de estos problemas debe ser un esfuerzo conjunto y no una cuestión partidista. Además, es importante que las políticas públicas en materia de seguridad sean coherentes y estén respaldadas por la evidencia empírica y las mejores prácticas internacionales.

En conclusión, la politización de la seguridad pública ha sido un obstáculo para la solución de los problemas de inseguridad y narcotráfico en el país. Es necesario respetar la autonomía de las instituciones y trabajar juntos para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y coherente. La sociedad mexicana merece un país más seguro y justo, y esto sólo se logrará mediante el compromiso y la colaboración de todas las partes interesadas.

ALIANZA Abogados y Consultores